Hola
Continuamos con esta serie de correos en la que compartimos jurisprudencia relevante que podría tener eco en el manejo de sus asuntos.
Hoy queremos compartir con ustedes una novedad jurisprudencial que está marcando un antes y un después en los trámites de apoyos: la Sentencia T-474 de 2024 de la Corte Constitucional.
Este fallo analiza errores que aún se presentan en los despachos judiciales, especialmente cuando se asignan apoyos sin respetar la voluntad de la persona ni motivar adecuadamente las decisiones. Su estudio resulta esencial para quienes litigan o asesoran casos bajo la Ley 1996 de 2019.
🔹 ¿Qué ocurrió en el caso estudiado por la Corte?
Al iniciar un proceso de adjudicación de apoyos, un juzgado designó de manera inmediata a la Defensoría del Pueblo como apoyo institucional, sin valorar previamente:
- la voluntad de la persona titular del derecho,
- la existencia de familiares idóneos,
- las preferencias expresadas por la persona,
- ni los apoyos de confianza disponibles en su entorno.
Además, el despacho actuó como si la persona fuese incapaz desde el inicio, nombrando un curador ad litem sin justificación, lo cual contraría por completo la filosofía y la estructura de la Ley 1996.
La Corte Constitucional fue clara:
Tratar a la persona con discapacidad como incapaz desde el comienzo vulnera su derecho a decidir, desconoce su autonomía y contradice el modelo de apoyos.
🔹 Enseñanzas clave del fallo para la práctica profesional
1. La voluntad de la persona es el eje central del proceso
Antes de designar un apoyo, el juez debe:
- escuchar directamente a la persona,
- identificar sus preferencias,
- agotar la valoración prevista por la Ley 1996,
- y considerar apoyos elegidos o de confianza.
La designación de un apoyo institucional solo procede en última instancia, cuando no existan familiares o personas cercanas idóneas.
2. Toda decisión debe estar motivada y ajustada a la Ley 1996
La sentencia recuerda que:
- El juez no puede actuar por prevención,
- ni nombrar curadores ad litem “por si acaso”,
- ni adoptar medidas sustitutas sin explicar por qué resultan indispensables.
Una decisión inmotivada o apresurada es susceptible de tutela por violación al debido proceso.
3. La Defensoría del Pueblo no puede ser utilizada como apoyo automático
El fallo advierte sobre una práctica extendida:
designar a la Defensoría como apoyo de manera inmediata y sin análisis.
La Corte exige que:
- Se demuestre por qué no existen apoyos naturales,
- Se verifique si la persona designó apoyos voluntarios,
- Se analice la idoneidad de familiares o allegados,
- Se motive expresamente el uso de un apoyo institucional.
🔹 ¿Qué debe el abogado exigir en los procesos de apoyos?
Recomendamos verificar, desde la primera actuación, que el despacho:
- escuche a la persona con ajustes razonables (si es necesario: intérprete, lenguaje sencillo, apoyos comunicativos);
- indague por familiares, allegados o apoyos voluntarios;
- documente la voluntad y preferencias del titular del derecho;
- fundamente cualquier restricción o intervención de terceros;
- evite la designación automática de curadores ad litem.
En caso de que el juzgado desconozca estos pasos, podemos solicitar corrección de la actuación o acudir a la tutela con fundamento en la T-474/2024.
🔹 Reflexión final
Este precedente reafirma que el sistema de apoyos exige una transformación profunda en la forma en que los despachos judiciales abordan la discapacidad. No basta con abrir un proceso: es necesario respetar la voluntad, motivar decisiones y garantizar la autonomía real de la persona.
En el siguiente correo analizaremos un escenario especialmente complejo: la atención de personas en condición de vulnerabilidad extrema y la figura del cuidador comunitario.
Cordialmente,
Equipo de Derecho Virtual Para Todos
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